UPND SALTA

TERRITORIO DIAGUITAGHASTA

DERECHO A LA COMUNICACIÓN CON IDENTIDAD

12 de abril de 2017

Policías amenazan a originarios que protestaban para que Urtubey no los vea



Urtubey no quiere protestas

DDN. Amenazan con multas a los indígenas que acampan en Embarcación en reclamo por el avasallamiento de sus derechos sobre la tierra.

Policías de Salta amenazaron con labrar contravenciones a los pobladores guaraníes de la comunidad Happo Pau (Raíces Nuevas) que mantienen un acampe a la vera de la RN 34 en Embarcación, momentos previos al arribo a esa ciudad del gobernador Juan Manuel Urtubey. El cacique Luis Situé advirtió que el gobierno “intenta callar el reclamo” por las tierras de la comunidad, que también son pretendidas por los finqueros Jorge Julio Ortega Velarde y Huberto Burlón De Rouvre.

“Vinieron el comisario (José Antonio) Cruz y otro de los policías que nos reprimieron hace dos meses, a decirme que me van a armar una (causa) contravencional por quemar gomas al costado de la ruta. Nos dijeron que no los filmemos, ni les saquemos fotos porque nos van a secuestrar las cámaras y que me iban a poner una multa de 2500 pesos si no apagábamos el fuego. Nosotros queremos que las autoridades vean nuestra protesta y nos están coartando la libertad de expresión”, aseguró Situé.

El conflicto entre pobladores y terratenientes llegó a un punto álgido a principios de año, cuando Burlon de Rouvre instaló un portón en el camino que utilizan los indígenas y comenzó a denunciarlos como terroristas y narcotraficantes, a través de las redes sociales. Denuncias de las que se hicieron eco periodistas agropecuarios de diarios de circulación nacional y el propio gobernador Urtubey, que recibió a los representantes de entidades agropecuarias tras lo cual pidió el juicio político para la fiscal Lorena Martínez, por negarse a desalojar a los pobladores.

Vigencia de la ley 26160

El territorio que ocupa la comunidad Happo Pau y otras ocho comunidades indígenas abarca algo más de seis mil hectáreas, de acuerdo al relevamiento realizado en el marco del convenio entre el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y el gobierno provincial, según establece la ley nacional 26160, que además frena los desalojos en todo el país.

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