UPND SALTA

TERRITORIO DIAGUITAGHASTA

DERECHO A LA COMUNICACIÓN CON IDENTIDAD

12 de abril de 2018

El ministro inimputable



Marcelo López Arias, ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos fue parte del directorio de Cardero Argentina S.A. cuando ocurrió la muerte de Lucas Salaberría, estudiante de geología de la UNSa. Otro director fue imputado por la Fiscalía pero, hasta el momento, nada se dispuso al respecto del funcionario. 

La causa por la muerte del estudiante de Geología de la UNSa, Lucas Salaberría, ocurrida el 13 de noviembre de 2016, le pega en el pecho al Gabinete del gobernador Juan Manuel Urtubey.

El joven falleció tras días de agonía en una expedición minera al Nevado de Cachi en la que hubo serias irregularidades de contratación, sin ART, sin los equipos necesarios, sin revisiones médicas ni permisos de la Dirección de Minería y sin avisar a las autoridades ni mucho menos haber solicitado consenso de las comunidades originarias del lugar.

Lucas tenía sólo 27 años y sus padres son los que están luchando en la Justicia para definir las responsabilidades de la muerte de su hijo. “A nosotros nadie nos escucha porque el poder de Salta oculta a los verdaderos responsables. Uno de los dueños de la empresa que contrató a mi hijo para llevarlo a su muerte es el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia de Salta, Marcelo López Arias. Yo quiero que me responda y me diga cómo fue que armó toda esa expedición sin nada legal”, dijo Norma Lidia Sona, la mamá de Lucas.


Y mostró el Boletín Oficial de Salta Nº 20184, publicado el día 16 de enero de 2018, donde dice textual sobre la firma Cardero Argentina S.A.: “Directores Titulares: Dr. Mario Luis Castelli Temer, D.N.I. Nº 17.131.844 y Dr. Marcelo Eduardo López Arias, D.N.I. Nº 8.177.207”.

“Yo no quiero más Lucas Salaberría en Salta. Yo no quiero que sigan muriendo jóvenes por contratos basura. Si hay minería en la provincia que se haga con todas las de la ley. Por eso necesitamos respuesta del gobernador Urtubey, que nos diga qué hace su ministro de Gobierno contratando y armando expediciones ocultas a los cerros de Salta. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, advirtió la mamá.


La causa

Si bien Lucas murió por el mal de altura, los padres accionaron en la Justicia mecanismos para ver las responsabilidades por una serie de irregularidades que hubo durante la expedición.

El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Pablo Paz, se puso al frente de la investigación y el 8 de noviembre de 2017 oficializó la primera imputación, por la muerte de Salaberría, al acusar formalmente al ingeniero geólogo peruano, Jhon Huaman Canchaguía, quien coordinaba la visita. La Fiscalía le imputó el delito de homicidio culposo al guía de la expedición.

En febrero de este año se avanzó en la causa y se amplió la imputación a la empresa que contrató al guía. Se trata de Cardero Argentina S.A., subsidiaria de una compañía canadiense. El nombre del presidente de la firma, Mario Luis Castelli, apareció en los diarios mientras que el de López Arias se mantuvo oculto.

Según consta en la investigación del fiscal Paz, Castelli le encomendó a Canchaguía que “se contactara con algunos estudiantes de Geología, proponiéndoles participar en la expedición. Posteriormente, celebró un contrato con aquellos, sin que surja, ni de las tratativas previas ni del contrato, el estado de salud de los estudiantes”.

“Tampoco se previó en dicho instrumento, ni consta de las declaraciones de los testigos entrevistados, que la empresa haya provisto elementos de seguridad o instrucciones de este tipo, en orden a garantizar la preservación de la salud y la vida de quienes fueron por él convocados para emprender la actividad”, agregó Paz.

Cuando llegaron a Cachi, el peruano no informó al destacamento policial del lugar, tampoco al hospital, ni tramitó el permiso para trabajar dentro del territorio diaguita. Realizaron una expedición para ir a tomar muestras mineras a más de 4 mil metros sobre el nivel del mar y no avisaron a nadie. El fantasma del uranio vuelve a rondar las comunidades originarias que son atacadas sistemáticamente por la prensa a favor de la explotación mega-minera. Nada es casualidad.

Lucas murió el domingo 13 de Noviembre de 2016 en el paraje “El Quemao”, en la zona de Palermo, Cachi. Ocurrió durante una expedición de exploración encomendada por Cardero Argentina SA a Canchaguía, quien a su vez contrató a Salaberría, quien falleció tras varios días de malestar.

Según, surge de la investigación del fiscal Paz, Salaberría murió como consecuencia de un paro cardiorespiratorio por falla cardíaca. Varios testigos, principalmente integrantes de la expedición, fueron coincidentes en sostener que Salaberría, días previos a su deceso, manifestó ciertos malestares físicos, síntomas que se intensificaron sin que recibiera auxilios médicos oportunos.

“Sólo le dieron un Tafirol”, dijo Norma y agregó: “No tenían equipo, no hubo control de salud, se peritó luego de un año el celular de Lucas para ver las fotos que fueron borradas, faltan las llamadas del teléfono satelital de Canchanguía, no se hizo autopsia, no hay coincidencias en la hora de muerte que dieron los que estuvieron con mi hijo. Todo está mal en esta causa y quizás sea porque está involucrado el más alto funcionario del Gobierno luego de Urtubey”, presumió Norma.

Fuente: Cuarto Poder

26 de marzo de 2018

¡GENOCIDIO ORIGINARIO NUNCA MAS!


Movilizados por Memoria, Justicia, Identidad y Territorio.

24 de Marzo - Movilización en Salta - UPNDS ENOTPO junto a organizaciones de DDHH, sociales y políticas.
Los Pueblos Originarios, como protagonistas de nuestra lucha, historia y proyección como Pueblos Libres, desde cada territorio, levantamos las banderas históricas de emancipación continental que defendieron nuestros héroes y mártires Kallchakí, Kajfvkura, Chelemin, Viltipoco, Likar, Kipildor, Meguesoxochi, Lefxaru, Tomás Paniri, Tupac Amaru, Bartolina Sisa, Andresito Guacurarí, del mismo modo que lo hicieran los héroes revolucionarios de mayo como Miranda, Belgrano, Güemes, Artigas, Castelli, Moreno, Juana Azurduy, Sucre, Bolivar, O´Higgins, y quienes reconocemos como hermanos indígenas y afrodescendientes, San Martín, Dorrego y Monteagudo. Todos ellos abrazaron el ideal de la libertad, la igualdad y la reparación histórica, dando su vida por nuestra Patria Grande, Libre y Soberana.

Desde la segunda mitad del siglo XIX, y como parte del proceso de conformación del estado-nación argentino, nuestros pueblos y territorios sufrieron campañas de exterminio y dominación ejecutadas por el Ejército argentino al mando de Roca y Victorica, con la complicidad de la Iglesia y el aval de la elite gobernante y cipaya, representada en la figura de Domingo F. Sarmiento y financiadas por los terratenientes del norte bonaerense, encabezados por el titular de la Sociedad Rural, Martínez de Hoz.

Estos sectores oligarcas son los mismos que replicaron el Terrorismo de Estado durante la última dictadura, a partir del Golpe cívico militar de 1976, con un resultado de 30.000 de compañeros y compañeras desaparecid@s, con asesinatos, torturas, saqueos, robo de bebés y de identidades Estos mismos son los sectores que se beneficiaron con las políticas neoliberales de los ’90 y que hoy se reciclan en frentes y alianzas  políticas que asaltaron el poder en el 2015, engañando a un sector de la sociedad, para continuar enriqueciéndose con el saqueo de nuestros territorios y bienes naturales, con el apoyo de las corporaciones financieras y los monopolios mediáticos que invisibilizan, tergiversan y criminalizan la lucha legítima de nuestros pueblos.

Si bien el 24 de marzo es un día de memoria para que NUNCA MÁS suceda lo que tuvo lugar durante la última dictadura cívico-militar, los Pueblos Originarios en Argentina también hemos sido víctimas de la violencia sistemática por parte del Estado. Nuestras identidades han sido negadas y nuestras culturas avasalladas, nuestros líderes han sido (y siguen siendo) asesinados y nuestros niños arrancados de sus familias y distribuidos entre familias blancas porteñas para que sirvan en tareas domésticas.  Por eso, en este día especial, también reclamamos justicia y memoria para los Pueblos Originarios. Para que no se olvide el proceso sistemático de eliminación que desde el Estado se ha aplicado sobre nuestros Pueblos, identidades y culturas, y para que NUNCA MÁS se nos invisibilice, suframos explotaciones y desalojos, se ataquen nuestras prácticas culturales y espiritualidad, se criminalicen nuestros reclamos y se asesinen a nuestros autoridades y comuneros.

Rechazamos todas las operaciones mediáticas llevadas adelante por seudo comunicadores públicos, serviles a la patronal corporativa, quienes con investigaciones falsas y marcos teóricos establecidos por la conquista, hoy pretenden invisibilizarnos, negar nuestras identidades y desconocernos como Naciones milenarias y preexistentes a la conformación del Estada, para continuar replicando su modelo reaccionario, totalitario y oligárquico.

Exigimos que los organismos del Estado asuman su responsabilidad y pongan freno a  esta constante persecución, hostigamiento, discriminación, xenofobia y asesinatos dirigidos y perpetrados contra nuestras familias y autoridades comunitarias.
Por nuestros hermanos perseguidos y desaparecidos en la última dictadura civil y militar, por el etnocidio y genocidio sufrido por nuestros Naciones y Pueblos Originarios exigimos Justicia y Reparación Histórica.

¡JUSTICIA PARA JAVIER CHOCOBAR!
¡JUSTICIA PARA SANTIAGO MALDONADO!
¡JUSTICIA PARA RAFAEL NAHUEL!
¡LIBERTAD AL LONKO FACUNDO JONES HUALA!
¡CESE DE LA CRIMINALIZACIÓN Y PERSECUSIÓN A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS!

¡PROPIEDAD COMUNITARIA INDÍGENA YA!





5 de marzo de 2018

Fallo histórico: los Chuschagasta son dueños de la tierra por la que mataron al cacique Chocobar







La Cámara de Casación apartó a un magistrado que había absuelto a una funcionaria acusada de extorsionar, durante años, a la comunidad Chuschagasta para desalojarla. La disputa llegó hasta el homicidio del comunero Javier Chocobar, en un crimen que quedó filmado y todavía puede verse por YouTube.

El asesinato a sangre fría del comunero Javier Chocobar fue el corolario de una disputa que la Justicia tucumana podía haber frenado a tiempo. Esa apreciación es la que se desprende de un contundente fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, que resolvió apartar al juez tucumano que ignoró los reclamos de la comunidad indígena Chuschagasta, que venía advirtiendo la violenta presión que sufría por parte de las autoridades locales para entregar sus tierras a un empresario. Además, declaró a las tierras disputadas como legítima propiedad de los originarios y declaró delito a cualquier intento por disputársela.


Un crimen que se pudo evitar
El asesinato ocurrió el 12 de octubre de 2009 y quedó filmado en un video que todavía puede verse en YouTube. El empresario Darío Amín se presentó en el territorio que disputaba con miembros de la comunidad Chuschagasta, perteneciente a la Nación Diaguita, en la localidad de Trancas, al norte de la Provincia de Tucumán. Llegó armado y acompañado de dos ex policías, Humberto “el Niño” Gómez y José Valdiviezo. Tras un intercambio de palabras, comenzó una balacera contra los comuneros que terminó con dos de ellos heridos y Chocobar muerto.

Uno de los agresores filmó el ataque y perdió la cámara en la revuelta. El video registra claramente el comienzo de la agresión, aunque el disparo mortal contra el cacique sólo queda registrado en audio. Hoy, los imputados enfrentan penas de cadena perpetua en una causa que ya fue elevada a juicio oral y que podría comenzar este año.


Las advertencias desoídas
Los Chuschagasta ya había recurrido a la Justicia cuatro años antes del crimen de Chocobar. Se generó una causa en Tribunales Federales que fue acumulando pruebas de que la comunidad era legítima propietaria de la tierra. En ese expediente, se fueron documentando las presiones que -según los comuneros- sufrieron sus miembros durante años por parte de la ex delegada comunal de la localidad de Ancajuli, Silvia Chiarello, su hermano Dante y otras personas bajo su mando. Todos, según se detalla en el expediente, amenazaban a los habitantes de la zona con dejarlos sin nada si no firmaban documentos de entrega del territorio al empresario Amín. En muchas oportunidades, los coaccionantes se presentaron armados, señalan las incontables demandas.

Los testimonios, los informes de Gendarmería, el material fotográfico y otros elementos probatorios fueron nutriendo un expediente que terminó, de manera sorpresiva, con la absolución de los demandados (la delegada comunal y su hermano), en octubre de 2012, cuando ya Chocobar había sido asesinado. La sentencia fue firmada por el conjuez Mario Leiva Haro y fue impugnada por la querella (los denunciantes Clementino Salvador Cata y su hermana, Cesárea) y por el Fiscal General, Gustavo Gómez. Pese a ello, dos años más tarde, la Cámara Federal de Apelaciones confirmó la desvinculación de los acusados.

Un fallo demoledor
Sin embargo, la semana pasada la Cámara Federal de Casación Penal emitió una dura sentencia contra el accionar del juez Leiva Haro y la Cámara Federal de Apelaciones por no dar curso a las denuncias ni contrastar las pruebas recabadas. En una resolución del 21 de febrero de este año, anuló las absoluciones.

“La sentencia, lejos de significar la aplicación de criterios de la sana crítica, trasunta en un acto jurisdiccional teñido de fundamentación aparente lo que fulmina su nulidad”, dice el fallo. “No se advierte por parte del tribunal de la anterior instancia el mínimo esfuerzo por dar respuesta a los embates efectuados por los apelantes en los respectivos recursos de apelación y expresión de agravios. Así pues, no se ha realizado un estudio exhaustivo de los hechos denunciados y su contraste con la voluminosa prueba que se ha recabado a lo largo de la investigación”, continúa.

La sentencia, además, reconoce la propiedad ancestral de las tierras que defendía Chocobar. “La Comunidad Los Chuschagastas cuenta con el reconocimiento del Estado Nacional, a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas”, indican los jueces Eduardo Rafael Riggi (presidente), Ana María Figueroa y Liliana Elena Catucci, miembros de la Sala I. Los magistrados, además, determinaron que cualquier intento de desalojo constituye un delito: “ello acredita la posesión de la tierra durante generaciones antepasadas, y deja huérfana y erige en delictiva cualquier pretensión que se articule sobre la disputa por el dominio del territorio que ocupa la Comunidad de Chuscha”.

La Cámara hizo lugar al planteo de Gómez, que había señalado que la muerte de Chocobar es “consecuencia directa de la falta de la legalidad del presente proceso penal” y define al crimen como acontecido en el “contexto de una disputa territorial innecesaria, pues la Ley 26.160 declaraba la emergencia en materia de posesión”.

Los camaristas, además, resaltan la insistente desobediencia judicial de los acusados y del empresario Amín, que durante años explotó la cantera de piedra laja del lugar, pese a que una medida cautelar se lo prohibía. “El acto de poner en posesión a Amín el 20 de noviembre de 2012 (…) configura por lo menos, a priori, un acto judicial que desconoce la Ley vigente que al momento del hecho establece claramente, que corresponde suspender todos aquellos actos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras pertenecientes a pueblos originarios.”, indica la sentencia.

La jueza Figueroa consideró que “el tribunal a quo omitió tomar en consideración el alto grado de vulnerabilidad –social, étnica geográfica, laboral, familiar, personal- que presentaban las víctimas de la comunidad originaria”, planteo al que adhirieron sus dos colegas.

De esta manera, el juez Leiva Haro queda apartado del caso y la absolución de los imputados, anulada. La causa deberá volver al tribunal de origen para que designe un nuevo magistrado que prosiga con la investigación, esta vez “con la celeridad y recaudos que las presentes actuaciones merecen”.

El seguimiento de la tarea periodística estuvo a cargo de Mariana Romero

2 de febrero de 2018

Violencia e impunidad en México en la defensa de la vida y el territorio




La crisis de derechos humanos con la que diversos organismos internacionales han definido la situación que vive México se distingue de manera alarmante en el ámbito del activismo medio ambiental, donde en los últimos ocho años se ha documentado casi medio centenar de asesinatos de defensores de la tierra. La concentración de homicidios en los últimos años da muestra de la vulnerabilidad que ha afectado a este colectivo de activistas durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto.

Según denuncia la organización Global Witness [1], entre los años 2010 y 2015 se produjeron 33 asesinatos, mientras que entre los meses de junio de 2016 y mayo de 2017 se registraron once ejecuciones extrajudiciales, entre ellas la de Isidro Baldenegro, quien había sido galardonado en 2005 con el prestigioso Premio Goldman por su campaña contra la tala ilegal de árboles en la Sierra Madre Occidental.

La alerta sobre la violencia y las amenazas a activistas y líderes comunitarios han llevado a diferentes organismos internacionales a reiterar los llamamientos al Estado de México para que proteja de manera específica los derechos humanos de quienes desarrollan su labor en el marco de conflictos territoriales asociados a las políticas de desarrollo y a la construcción de megaproyectos. La Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) ha expuesto su preocupación ante el aumento de la vulnerabilidad que presentan las y los defensores de la tierra, el territorio y el ambiente, coincidiendo con el creciente número de conflictos socioambientales desatados por empresas extractivas y energéticas que operan en la mayor parte de los estados de México. La comisión califica de “devastador” el incremento de la violencia contra aquellas personas que defienden la tierra y la protección de los recursos naturales y que constituyen el “41 por ciento de todos los homicidios a personas defensoras en la región”.

Violación de derechos humanos en contextos desarrollistas

El incremento específico de la vulnerabilidad sobre defensores ambientalistas es una consecuencia directa de la proliferación de megaproyectos, que se ubican en la práctica totalidad de los estados del país amparados por las políticas federales que privilegian la inversión del capital privado frente a los intereses de las poblaciones, que ven amenazadas sus formas de vida.

Una de las políticas que persigue incentivar la inversión de grandes empresas es la declaración de determinados territorios como Zonas Económicas Especiales (ZEE), un foco de atracción de capital privado a partir de incentivos fiscales, entre otros estímulos. Desde la perspectiva gubernamental, la implementación de estas medidas se plantea como una estrategia desarrollista para impulsar la dinamización económica de los estados más empobrecidos a partir de la instalación de megaproyectos, habitualmente relacionados con la explotación energética pero también con el turismo o la creación de infraestructuras.

Es precisamente por ello que la amenaza de las grandes empresas recae con mayor virulencia sobre contextos comunitarios, con alta presencia de población indígena y campesina, y donde la entrada del capital privado rompe los sentidos comunitarios, por ejemplo, con la apropiación de bienes comunes y terrenos ejidales que históricamente han pertenecido a las comunidades y que, sin un certificado de propiedad privada, pierden legitimidad sobre el uso de la tierra.

La vulnerabilidad de las poblaciones rurales frente a las corporaciones se ve potenciada por la presencia de actores armados, legales e ilegales, asociados a la instalación de los proyectos en los territorios. Según ha documentado la organización Global Witness, la violencia adquiere diferentes formas de criminalización y hostigamiento, como detenciones arbitrarias, campañas de difamación y perjurio contra activistas ambientales, acusados de oponerse al desarrollo y la modernización del territorio, y, en los casos más extremos, asesinato de quienes lideran las luchas.

Agresiones con un fuerte componente de género

El componente de género en la persecución de activistas ambientales se constata a tenor de la gravedad de los casos identificados en los territorios. En los primeros días de 2018 se ha tenido noticia de los siguientes hechos: el feminicidio de la defensora ambientalista Guadalupe Campanur, cuyo cuerpo fue encontrado con signos de tortura; la detención de la activista maya q’eqchi´ Magdalena Cuc Choc, y la alerta sobre el riesgo de la vida e integridad personal de la defensora Bettina Cruz y su núcleo familiar, denunciada por la CIDH.

Se trata de los casos más recientes de una multitud de ataques que han sufrido en los últimos años y de manera específica las mujeres defensoras: la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México[2] ha documentado más de cuarenta asesinatos de mujeres activistas desde 2010, mientras que alertan de un incremento del 366 por ciento del total de agresiones a defensoras durante el periodo 2012-2016. Solo en Oaxaca, uno de los estados con mayor conflictividad social a causa de las políticas de desarrollo, se ha podido registrar un incremento exponencial de las agresiones hacia mujeres defensoras: de 11 ataques documentados en 2012 a 35 en 2016[3].

La criminalización de las personas defensoras del territorio adquiere formas específicas en el caso de las mujeres, de manera que las redes de derechos humanos alertan de la vulnerabilidad de las activistas y de la necesidad de integrar una perspectiva de género en las medidas de protección. Por ejemplo, en el caso de las mujeres defensoras se identifican agresiones de componente sexual, insultos, amenazas sobre las familias o campañas de difamación que persiguen la pérdida de prestigio en la comunidad. Las detenciones arbitrarias o ilegales también se convierten en estrategias de criminalización y desmovilización social.

Algunos de los casos denunciados de manera reciente fueron las detenciones arbitrarias de Enedina Rosas Vélez, acusada de “obstrucción a la construcción de obra pública”, en el estado de Puebla, y la acusación de María de la Cruz Donantes de robo en el marco de la lucha contra la construcción de un proyecto hidroeléctrico en Guerrero.

La lucha contra la impunidad: el caso de Bety Cariño y Jyri Jaakkola

La ausencia de justicia en los casos de violencia hacia defensores y defensoras de derechos humanos es señalada por las redes de activistas como el principal factor que contribuye a la perpetuación de la criminalidad en los territorios. La violación de los derechos humanos en México se ampara en una alarmante impunidad que niega el acceso a la justicia a las víctimas y familiares y favorece la repetición de las agresiones.

La ausencia de justicia en los asesinatos de la activista mixteca Bety Cariño y del finlandés Jyri Jaakkola se ha convertido en un caso emblemático, incluido en el informe Acuerdos Políticos de Impunidad, en el que también se recoge el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. Los defensores Bety Cariño y Jyri Jaakkola fueron asesinados el 27 de abril de 2010 durante un ataque a la caravana humanitaria de apoyo a miembros de la población triqui que se encontraban sitiados. Los activistas sufrieron una emboscada en la que se produjo un tiroteo que acabó con la vida de Bety y Jyri y dejó heridas a otras diez personas más. El Estado mexicano aún no ha resuelto el crimen de estos dos activistas y se teme por la puesta en libertad de los únicos acusados.

El asesinato de estos dos activistas se ejecutó en un contexto de luchas y defensa del territorio de la población indígena triqui que habita en Oaxaca. El pueblo triqui cuenta con una larga historia de lucha por la autonomía respecto a las instituciones mestizas, que finalmente se materializó en la declaración de San Juan Copala como municipio autónomo. El éxito en la lucha por la autonomía no ha impedido que la violencia y los casos de desplazamiento sean parte de la cotidianidad de un pueblo que trata de superar las divisiones provocadas por intereses externos.

Uno de los casos que crearon más conmoción en la comunidad fue el de los asesinatos en el año 2008 de las jóvenes locutoras de radio Felícitas Martínez y Teresa Bautista, que se encontraban realizando su trabajo informativo en las comunidades cuando sufrieron un ataque con disparos. Las dos locutoras formaban parte del proyecto radiofónico “La voz que rompe el silencio”, una emisora popular puesta en marcha por un grupo de jóvenes que buscaba fortalecer el proceso autonómico del municipio y que había recibido las amenazas de los sectores opuestos a la lucha del pueblo triqui.

(*) Mª Cruz Tornay es colaboradora de Pueblos – Revista de Información y Debate.

25 de enero de 2018

“POR EL CAMINO DE NUESTROS MAYORES” - COMUNIDAD DIAGUITA KALLCHAKÍ PIÚL

La Comunidad Diaguita Kallchakí Piúl – PJ Nº 84/13, miembro UPNDS, realizo el día 13 de enero del corriente año el evento cultural “Feria de la arveja y el queso”. El mismo se llevo a cabo en el Sitio el Cruce de Payogasta, ruta 40 y 33 a 12 km del Territorio de Piúl – Kachi, Salta.

Esta propuesta colectiva impulsada desde el territorio de Piúl es parte de un trabajo conjunto como Pueblo Diaguita, de reinvindicacion identitaria y cultural. Asumiendo el legado ancestral y de pertenencia territorial, para ofrecer desde el propio territorio los productos que provee la madre tierra, alimentos que se producen desde la agricultura familiar Diaguita, promoviendo y fortaleciendo los sistemas ancestrales y tradicionales de cultivos, respetando los ciclos de la naturaleza y el cuidado natural de los productos para obtener un alimento sano y saludable.

Se dio inicio a la actividad con la presentación de los productos del Territorio, con principal presencia de arvejas y quesos, el lema de la convocatoria, donde cada productor expuso su producto fresco y recién cosechado, también hubo variedad de maíz, papas, miel, etc.

En simultáneo se armaron puestos ofreciendo distintos platos de comidas tradicionales del territorio, donde no faltaron el asao de cabrito, empanadas, locro, humitas, mazamorra, anchi, empanadillas y vinos de color y sabor de los distintos territorios Diaguitas.

El canto ancestral dio marco de algarabía a la “Feria de la arveja y el queso”, cuando hermanos y hermanas Bagualer@s y Copler@s al sonar de las cajas chirleras convidaron a los presentes con racimos de coplas y dichos.

No falto la guitarreada y el folklor para dar lugar a la danza y el baile, espacio donde el hermano Abel Vilte ofreció unos versos en payada como homenaje a Don Hugo Vilte, autoridad Diaguita de Piúl quien hoy nos acompaña desde otros espacios territoriales, sin embargo su legado continúa vivo y presente.

Un Conjunto de música tropical de los valles le puso ritmo a una jornada que comenzaba a cerrarse con el mismo espíritu colectivo y constructivo con el que se dio inicio para propiciar un buen camino de retorno a cada hermano y hermana a su territorio que lo abriga y alberga desde siempre. 

Y así nos fuimos despidiendo hasta cada segundo fin de semana de enero, pues esta fecha es agenda del Calendario Diaguita por estos territorios.

Reconocemos y agradecemos a tod@s los que acompañaron y colaboraron para llevar a cabo la “Feria de la arveja y el queso”, desde nuestro territorio de Piúl saludamos a los que se hicieron presentes a compartir estos momentos de intercambio y reciprocidad.